Venezuela en transición: cinco factores a favor de una salida democrática

Desde la operación militar estadounidense que, el pasado 3 de enero, apresó a Nicolás Maduro y lo extrajo de Venezuela, el devenir posterior ha sido objeto de intenso debate. Donald Trump y Marco Rubio lanzan declaraciones contradictorias (y a veces cuestionables), que sólo generan mayor incertidumbre mientras los problemas en Irán y su interés en Cuba parecen apuntar (a ojos de ciertos observadores autodenominados "realistas") a una continuidad del régimen interino de Delcy Rodríguez (por décadas una de las principales jerarcas de la dictadura chavista), pero subordinado a los intereses económicos y diplomáticos estadounidenses.

Sin embargo esta tesis (sostenida en muchos casos por defensores del régimen chavista o analistas que previo al 3 de enero defendían la idea de que Nicolás Maduro iba a gobernar el país indefinidamente) choca con varios elementos que, a juicio de quién escribe, apuntan a que una transición democrática es todavía un resultado viable.

Salvando lo innegable que es que la transición democrática es prescindible para todos los actores involucrados (excepto la oposición venezolana y la misma población del país), debemos resaltar la existencia de cinco cuestiones de las que, en su día, el régimen chavista dispuso a su favor para permanecer en el poder. A falta de una, el régimen compensaba con otra, reemplazando la legitimidad política con represión, la represión con diálogos manipulados, los diálogos con oxígeno económico y la inestabilidad económica con escape migratorio.

Sin embargo, por una confluencia de factores, hoy el régimen venezolano carece de esos cinco elementos favorables. Procederemos a citar estos factores, entendiendo que son una parte integral de la situación actual del problema venezolano que, hoy por hoy, juegan a favor de una salida democrática en el corto o mediano plazo.

1. Legitimidad política

El régimen chavista llegó al poder electoralmente de la mano de Hugo Chávez y, si bien hay hoy por hoy intensos debates al respecto, es innegable que en su momento llegó a gozar de un respaldo social abrumador. Una enorme proporción de venezolanos (mayoritaria o no) se volcó al proyecto chavista con fervor fanático casi religioso. Gozaban pues de legitimidad política. Una total diferencia con la realidad actual.

Si bien se trata de una verdad de perogrullo, conviene recordarlo y además matizar un detalle: el régimen chavista ya carecía de legitimidad ante la inmensa mayoría de la población venezolana en el momento de la intervención estadounidense del 3 de enero, pero la ilegitimidad del régimen interino de Delcy Rodríguez va mucho más allá, pues no la tiene ante la misma (debilitada y residual) base militante del chavismo.

Si vamos a destinar el análisis fatalista de la situación venezolana en la aplicación dogmática de un realismo absolutista, conviene entonces no limitarnos en la admisión de realidades y dejar negar las realidades previas: Nicolás Maduro perdió, por un margen de 37 puntos, las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Aunque la impopularidad del régimen ya era tomada como un hecho dado por buena parte de los monitoreos externos creíbles, hay una distancia entre esto y que exista una foto prácticamente irrefutable (vía actas tomadas directamente de las máquinas de votación) que muestra al dictador recibiendo la mitad de votos que el candidato de la oposición.

A partir de ahí, la ilegitimidad del régimen gobernante ante la población venezolana se vuelve crónica, y sus posibilidades de recuperarla nulas. A casi dos años del hecho, no existe duda de que la abrumadora mayoría de los venezolanos quiere un cambio político.

Por su parte, la intervención forzó al régimen a hacer concesiones económicas y diplomáticas a Donald Trump a las que evidentemente no se puede negar (de otra forma lo habría hecho). Esto ha diezmado la base misma discursiva del chavismo: el nacionalismo intransigente de línea dura y la represión como justificación de defender "la soberanía nacional" venezolana de la "agresión imperialista". El régimen ya no posee el discurso legitimador que justificaba su mera existencia ante el público nacional (refiriéndonos por tal a sus militantes convencidos) e internacional (los movimientos y espacios políticos globales que defienden al chavismo).

Así, la ilegitimidad política del chavismo post-3 de enero ha entrado en una nueva etapa: no sólo no goza de legitimidad alguna ante los venezolanos en general, sino que ya ni siquiera la tiene ante los chavistas en particular, generando un callejón sin salida discursivo.

Se acepta que el hecho de que "la gente lo quiera" no es suficiente para forzar el cambio. Sin embargo, preservar infinita e indefinidamente en el poder a un régimen con nulo respaldo público y una aceptación social fundada sólo en el miedo a la represión tiene otros costos altísimos que, por la situación en la que se encuentra actualmente Venezuela, el régimen chavista no está en condiciones de asumir. Lo estaba antes del 3 de enero, pero ya no lo está más.

2. Represión a gran escala

Cuando un régimen no goza de legitimidad o aceptación plena, la compensa con represión. Si el régimen chavista encarceló a más de 2000 personas en el período posterior al 28 de julio de 2024 y si, en el período que va desde su instauración en 1999 hasta la fecha, cometió incontables crímenes de lesa humanidad, no lo hizo por mero sadismo arbitrario. Cada protesta suprimida, ejecución, preso político y torturado responde a un objetivo: aterrorizar a los venezolanos para que primen su seguridad inmediata y no se rebelen.

Con eso en cuenta, desde el 3 de enero, Venezuela ha emprendido una tibia pero innegable liberalización. Cientos de presos políticos han sido liberados, incluyendo figuras de alto perfil del armado opositor como Juan Pablo Guanipa y la casi totalidad de la jerarquía federal y estatal del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela. Entre otras cosas, se anunció el cierre del Helicoide (el centro de detención emblema de la dictadura).

La apertura ha visto también un mayor margen de maniobra para los medios de comunicación privados, que han vuelto a emitir informes críticos sobre la situación económica y política. Los líderes de los movimientos estudiantiles, los familiares de presos políticos y los dirigentes opositores han vuelto a tener acceso a entrevistas en medios controlados por el Estado. Incluso se llegó a transmitir declaraciones de la propia Machado a través de Venevisión, la primera vez en más de ocho años que el régimen toleró su presencia en televisión nacional.

Casi automáticamente se reportó esa liberalización, la debilitada pero nutrida sociedad civil venezolana (luego de dos años de mordaza total pero con décadas de democracia y movilización previas) comenzó a recuperar terreno. Los movimientos estudiantiles y las agrupaciones de derechos humanos primero, y luego nuevamente los partidos políticos, comenzaron un ciclo de movilizaciones y protestas que, si bien son tibios y débiles, implican la negativa a la resignación por parte de amplios sectores de la población.

Buena parte de la tranquilidad social que vive Venezuela hoy depende de la buena voluntad de muchos venezolanos que esperan que haya una transición. Si esta no se produjera en el corto o mediano plazo, la posibilidad de una vuelta a las protestas violentas y huelgas que marcaron la década de 2010 está lejos de ser un imposible. El retrato de los venezolanos como un pueblo "apático" o "pasivo" que tanto ha poblado las redes sociales recientemente no debe tomarse como un análisis serio o realista, sino como un descalificativo.

El régimen interino de Delcy Rodríguez no puede ejecutar una represión a gran escala, aún cuando los exabruptos y arbitrariedades estatales siguen ocurriendo. Hacerlo invariablemente resultaría (en el corto plazo) en inestabilidad social, que el régimen no puede permitirse porque eso haría peligrar el frágil acuerdo que sostiene con Donald Trump. Esto no solo podría resultar en una vuelta a la presión militar directa (a la que ya han demostrado no estar dispuestos a oponer resistencia) sino un reiterado bloqueo económico que perjudicaría las inversiones que tanto necesita Venezuela para solucionar la crisis.

3. Primacía de lo económico

El desinterés de Donald Trump y de los inversionistas extranjeros por la democracia, lo que ha sido esgrimido como el argumento base de la tesis pesimista, choca con una realidad: todo lo que les conviene pasa por un cambio político en Venezuela. El estimado de tiempo que demora el refinado del petróleo venezolano y la recuperación de su golpeada infraestructura industrial estima la recuperación de una inversión en, al menos, una década. Dado el peligro que representa para la continuidad de la situación actual la inminente partida de Trump en enero de 2029, los inversionistas necesitan que para entonces Venezuela tenga un gobierno que inspire la confianza mínima para que el negocio sea viable.

El problema es que toda la confianza que reúne el régimen interino de Delcy Rodríguez depende, irónicamente, de lo mismo que depende su régimen para seguir en el poder: la coerción externa por parte de Trump. Dos décadas de confrontación, expropiaciones arbitrarias, corrupción a escalas récord histórico y mala gestión estatal anulan toda legitimidad frente a cualquier inversión potencial. Nada garantiza al sector petrolero que el ambiente propicio para invertir en Venezuela seguirá en cuanto Trump se vaya. Y si bien Trump puede mentir antes que irse, eso a ellos ni les modificará el panorama ni impedirá que busquen influir a favor de un desenlace que les convenga.

En paralelo, Venezuela no está registrando una mejora evidente en su situación socioeconómica y el estado general del país es malo. Dado que el venezolano promedio continúa luchando para cubrir sus necesidades básicas, es muy improbable que caiga en el nivel de satisfacción suficiente como para "resignarse" a una continuidad del chavismo. Entre esto, la baja en la represión y la nula legitimidad política, no hay demasiado margen (al menos a mediano plazo), para que el chavismo logre reafianzarse en el poder por medio de la tolerancia social.

4. La migración

Ya descartada la legitimidad política, la represión y la mejora económica como opción, el régimen ha recurrido históricamente a la migración como válvula de escape. Desde el estallido de la crisis venezolana, más de nueve millones de personas (aproximadamente un 30% de la población nacional que por sí solo representa más de lo que obtuvo Edmundo González en las elecciones de 2024) abandonaron el país. La crisis migratoria venezolana (la más grande jamás acontecida en el continente americano) ha provocado trastornos y discusiones sociales en todo el continente, desde Estados Unidos hasta el resto de América Latina.

Dentro de Venezuela, el impacto político ha sido favorable al régimen: buena parte de los exiliados iniciales pertenecían a sectores de la base opositora tradicional. Muchos de los que hubieran podido encabezar una rebelión o instigar un cambio interno (en especial la juventud) optaron por abandonar el país ante el estancamiento de las vías política e insurreccional. Algunos analistas consideran a la crisis migratoria como uno de los principales factores por los cuales el chavismo no pudo ser removido del poder hasta ahora.

No obstante, la intervención de Donald Trump en Venezuela no se limitó a lo militar. Su gobierno ha emprendido una ofensiva antiinmigratoria general fuertemente denunciada, con prohibiciones de ingreso y deportaciones a gran escala. Asimismo, desde el 3 de enero en adelante, muchos países han aprovechado la atmósfera de "normalización" para comenzar a restringir el ingreso de los venezolanos a su territorio. En pocas palabras, si el chavismo decidiera seguir de largo, los venezolanos que decidieran emigrar tendrían mucho más difícil salir del país y asentarse legalmente en otro.

Dado que la migración, para muchos venezolanos, ya no es una posibilidad, a estos no les va a quedar más opción que permanecer en el país y, ante la probabilidad de que sus condiciones pasen por un deseo del régimen chavista de aferrarse al poder, actuar en consecuencia.

5. Problemas internos de la oposición

En momentos de auténtica presión social, un activo favorable al régimen pasaba por explotar los problemas dentro de la oposición, fomentando o bien divisiones internas entre sus facciones "radicales" y "dialoguistas" (en las cuales aprovechó para infiltrar o manipular a los grupos opositores), o bien organizando procesos de "diálogo" en los cuales negoció concesiones muy pequeñas a cambio de que la jerarquía opositora relajara la presión callejera o incluso internacional. Por una serie de cuestiones, esta opción tampoco está ya sobre la mesa.

Hoy día la oposición está firmemente unida en torno a María Corina Machado. La icónica líder y Premio Nobel de la Paz cataliza un nivel de adhesión que ningún otro líder político en la década reciente ha logrado recabar, no ya dentro de la oposición sino en general desde la muerte del propio Hugo Chávez. Los intentos de medios de comunicación nacionales y extranjeros de desmeritar su respaldo ("una dirigente de la oposición" o "líder del ala radical de la oposición") no han tenido éxito, y las operaciones destinadas a remontar mediáticamente a figuras desacreditadas (como Henrique Capriles o Manuel Rosales) o de construir dirigencias alternativas sumisas ante el régimen no han tenido éxito. La mayoría de las encuestas continúan situando a Machado como la líder política más popular del país.

Además del respaldo público, buena parte de la jerarquía partidaria opositora que es la Plataforma Unitaria (aunque en su día estuvo enfrentada con Machado) se ha plegado institucional y políticamente a su liderazgo. Aún si se da de manera forzada o condicional, ningún sector que se desmarque públicamente de ella puede afirmar recabar suficiente apoyo para convertirse en una amenaza ni para disputarle el liderazgo ni para beneficiar al régimen.

Un motivo para esto, más allá de la innegable convocatoria personal de Machado, es el evidente desprestigio sufrido por cualquier dirigente que hoy por hoy convoque a cualquier proceso cuyo resultado a corto o mediano plazo no sea el cambio político. Hablar de "diálogo", "cuidado de espacios" o "reconciliación" desde una tarima en la que no esté presente Machado es recibido en general con frialdad. Esto se debe a los sucesos del 28 de julio. El evidente fraude electoral, la forma en la que este fue destapado y el accionar posterior del régimen de Maduro hasta su desalojo forzoso el 3 de enero agotaron las instancias institucionales (en particular el voto) y dejaron al descubierto la total indisposición de la dictadura a un diálogo honesto. A partir de ahí, las propuestas de tal cosa son percibidas como un acto de servilismo.

Dada la imposibilidad de debilitar el liderazgo de Machado, la única forma de relajar la tensión política sería un diálogo en el que ella tome parte. Sin ella, la función básica del diálogo (generar a nivel internacional la noción de reconciliación política y, en el peor de los casos, deslegitimar a la dirigencia opositora ante su propio electorado) es inexistente. Una foto de Delcy Rodríguez con Capriles, Rosales o cualquier otro dirigente de los llamados "alacranes" no tendrá efecto alguno.

El problema es que Machado ha dejado claro que no aceptará una negociación que no involucre elecciones presidenciales totalmente libres. Es decir, bajo una autoridad electoral transparente y con ella como candidata.

Nuevamente, caemos en el mismo callejón sin salida para el régimen: dada la paupérrima situación económica y la falta total de legitimidad política, los chavistas no tienen ninguna posibilidad de ganar una elección libre contra Machado, pero tampoco pueden permitirse ignorar para siempre su respaldo popular a menos que esto implique una dura represión, la cual en este momento les es imposible de ejecutar, o una nueva oleada migratoria (que no están en condiciones de generar).

Conclusión

Las cinco dinámicas analizadas (la ilegitimidad crónica, el ambiente menos represivo, la inviabilidad económica de la continuidad, el cierre de la válvula migratoria y la oposición unida en torno a María Corina Machado) no operan de forma aislada. Se refuerzan mutuamente y crean un estrecho corredor de posibilidades que el régimen interino de Delcy Rodríguez difícilmente podrá sortear. En ese contexto, mantener el statu quo ya no es gratis. Exige costos que el chavismo, en su actual estado de debilidad discursiva, militar y económica, no está en condiciones de pagar.

Por supuesto, ninguna transición está plenamente garantizada. Hay ahora mismo turbulencias, intentos de sabotaje y momentos de incertidumbre. Existen también factores (pasando por la escasa credencial democrática de la gran mayoría de los actores de peso involucrados hasta el papel del ejército y el narco). Sin embargo, negar de plano la dirección en la que apuntan los hechos por un realismo fatalista ya no es realismo verdadero: es asumir la postura más pesimista posible y sugerir que lo es.

Lo cierto es que la idea democrática no está condenada en Venezuela. Tras años de tragedia chavista, el país se encuentra, quizás por primera vez en mucho tiempo, con las condiciones objetivas para comenzar a cerrar el capítulo más oscuro de su historia contemporánea.