El León Peronista - Milei, lenguaje político y falsa salida liberal del peronismo.

“"Hay un mundo real que existe independientemente del lenguaje y de nuestras creencias, pero gran parte de ese mundo (el mundo social) es creado por nosotros para nuestros propósitos.”

John R. Searle, The Construction of Social Reality, Free Press, 1995.

Searle permite comenzar por una distinción elemental pero decisiva, no todo uso del lenguaje se limita a describir un estado de cosas. Ciertos enunciados, bajo condiciones institucionales apropiadas, modifican el estatuto de aquello que nombran. Una firma puede contar como obligación; una investidura, como autoridad; una declaración, como acto jurídico; una acusación, como imputación pública. En esos casos, el lenguaje no funciona simplemente como representación. Funciona como acto. No se limita a informar que algo es de cierta manera; contribuye a que algo cuente socialmente de cierta manera.

La política vive en esa zona ya que sus palabras no son meros rótulos añadidos a una realidad ya completamente individuada. Intervienen en la individuación misma del objeto político y determinan si una transferencia retenida será entendida como disciplina fiscal o agresión federal; si una investigación periodística será tratada como control público u operación; si una negociación con dirigentes tradicionales será considerada pragmatismo institucional o incorporación de aquello que se decía combatir; si una protesta será leída como reclamo legítimo o como defensa de privilegios. En términos russellianos, no cambia necesariamente el conjunto de hechos atómicos es decir quién habló, qué dijo, qué acto institucional ocurrió, qué recurso se retuvo, qué voto se emitió. Lo que cambia es la descripción bajo la cual esos hechos ingresan al espacio público. Y cambiar la descripción equivale a modificar el espacio inferencial qué se sigue de esos hechos, qué responsabilidades activan, qué respuestas autorizan y qué clase de sujeto queda constituido por ellos.

El lenguaje mileísta debe analizarse en ese nivel. No es solo un vehículo expresivo de un programa económico ya que es un mecanismo de asignación de estatus. Sus términos principales no se limitan a describir actores; fijan posiciones. “Casta”, “operador”, “feudo”, “degenerado fiscal”, “gente de bien”, “mandato popular” y “libertad” no funcionan como términos neutrales, una vez que un actor es clasificado mediante ellos, su intervención pública queda situada dentro de un campo inferencial ya ordenado. Si alguien cuenta como operador, su pregunta deja de ser primariamente una pregunta. Si alguien cuenta como feudal, su reclamo deja de ser primariamente un reclamo federal. Si alguien cuenta como casta, su objeción deja de ser primariamente una objeción. En todos esos casos, el estatuto del hablante filtra el contenido de lo dicho.

El movimiento puede expresarse con una fórmula simple. En una práctica deliberativa, si un agente xxx afirma una proposición ppp, la evaluación recae, al menos en principio, sobre ppp ( su verdad, su consistencia, su razonabilidad, su justicia, su adecuación institucional). En cambio en una práctica clasificatoria, en cambio, la afirmación de ppp se usa para clasificar a xxx, y esa clasificación condiciona la recepción de ppp. No se pasa de xxx y ppp a la evaluación de ppp, sino de xxx y ppp a la clasificación de xxx, y de allí a una evaluación ya degradada de ppp.

Modelo deliberativo: (x,p)→Eval(p)

Modelo clasificatorio: (x,p)→Class(x)→Eval(p∣Class(x))

La diferencia es estructural. En el primer modelo, el desacuerdo conserva una forma racional, una proposición es formulada y queda disponible para ser evaluada mediante razones. En el segundo, el desacuerdo adquiere una forma diagnóstica ya que la proposición funciona como indicio de la posición atribuida al hablante. La crítica deja de comparecer primariamente como pretensión de validez y pasa a ser tratada como evidencia de pertenencia. La pregunta se desplaza de ¿qué razones justifican (p)? a ¿qué clase de sujeto queda revelado por la afirmación de (p)?. Rawls permite formular la relevancia política de esta diferencia. El liberalismo político no consiste simplemente en preferir mercados competitivos, propiedad privada o reducción del gasto público. Esas tesis pueden pertenecer a una doctrina económica liberal, pero no bastan para una concepción liberal del poder. Para Rawls, el ejercicio de la autoridad en una sociedad constitucional debe poder justificarse ante ciudadanos concebidos como libres e iguales y esa exigencia presupone que el desacuerdo no sea tratado de antemano como una patología moral del hablante. Requiere reglas impersonales, límites al Ejecutivo, legitimidad de la oposición, estabilidad institucional y una separación mínima entre gobierno, facción y pueblo.

Bajo ese criterio, el mileísmo es liberal solo en el registro económico. Su ontología económica presupone individuos: unidades de elección, cálculo, riesgo y responsabilidad. Su ontología política, en cambio, presupone posiciones de pertenencia en el sentido de  aliado, converso, obstructor, traidor, enemigo. En el primer caso, el agente se define por su capacidad de elección; en el segundo, por su relación con la conducción. La incompatibilidad no es retórica, sino estructural ya que el mercado exige individuos, mientras el poder mileísta exige pueblo propio. Habermas permite formular el problema como una transformación del régimen de validez.

En una esfera pública democrática, un enunciado (p) debe poder presentarse como una pretensión de validez, es decir algo susceptible de aceptación, rechazo o revisión por razones. En cambio en la semantica mileísta, la evaluación de (p) queda mediada por la clasificación previa del hablante. La consecuencia es una pérdida de autonomía proposicional. El enunciado no es eliminado, pero deja de ser el objeto primario de evaluación y funciona como evidencia de la clase política atribuida al hablante. Así, la crítica ya no comparece ante todo como razón pública, sino como síntoma de pertenencia. El procedimiento reduce el costo de respuesta ya que degradar (x) permite evitar una refutación completa de (p).

Esa estructura no es accidental. El mileísmo opera una reducción del estatuto deliberativo de sus contrapartes institucionales. Actores que, en una gramática constitucional, deberían contar como interlocutores dotados de competencias propias (oposición, Congreso, provincias, prensa, universidades) son redescriptos dentro de una gramática de obstáculo. La oposición pasa de adversario legítimo a residuo moral; el Congreso, de poder autónomo a fricción contra el mandato; las provincias, de unidades federales a objetos de disciplina fiscal; la crítica, de control público a interferencia. El efecto común es el mismo, los actores llamados a limitar, controlar o disputar al Ejecutivo son redescriptos de modo tal que su función institucional queda degradada antes de la confrontación política. Esta operación permite distinguir dos sentidos de liberalismo. El liberalismo económico es compatible con un Ejecutivo decisionista: puede defender mercado, propiedad, desregulación y disciplina fiscal sin comprometerse necesariamente con una teoría restrictiva del poder. El liberalismo político, en cambio, exige que las condiciones de legitimidad no dependan de la relación contingente entre los actores y el gobierno. Esto implica al menos cuatro restricciones que las instituciones conserven autoridad aun cuando limiten al oficialismo; que el adversario mantenga estatuto de interlocutor aun cuando sea políticamente indeseable; que el federalismo funcione como regla y no como premio; y que términos como “libertad”, “república” o “mandato” no sean administrados semánticamente por el Ejecutivo. Bajo estas condiciones, el mileísmo presenta una asimetría conceptual y dispone de un vocabulario liberal para justificar su programa económico, pero no de una gramática liberal para organizar el poder.

La consecuencia es una disociación entre semántica justificatoria y práctica institucional. En el nivel semántico, el mileísmo invoca libertad, mercado, propiedad e individuo. En el nivel pragmático-institucional, clasifica actores según alineamiento, redescribe controles como obstrucciones y convierte ciertos desacuerdos en síntomas de pertenencia. Esta disociación permite formular la tesis central. Milei es menemista en el contenido económico, kirchnerista en la praxis discursiva y peronista en la forma política. No se trata de una identidad doctrinaria, sino de una diferenciación funcional entre niveles. El componente menemista se ubica en el contenido económico. El programa mileísta pertenece a la familia de las reformas de mercado de los años noventa, definida por privatización, apertura, desregulación, disciplina fiscal, modernización por shock y concepción del Estado como fuente de distorsión. Pero el menemismo no fue liberalismo externo al peronismo. Fue una realización peronista de un programa de mercado. Su importancia histórica reside en haber mostrado que la forma peronista del poder podía alojar privatizaciones, apertura y desregulación sin abandonar liderazgo personal, verticalismo, pragmatismo doctrinario, negociación territorial y legitimidad plebiscitaria. En consecuencia, el componente menemista del mileísmo no lo sitúa por fuera del peronismo. Lo vincula con una de sus variantes internas.

El punto tiene una forma lógica precisa. Si el kirchnerismo es una subclase histórica del peronismo, la no pertenencia al kirchnerismo no implica la no pertenencia al peronismo. La inferencia antikirchnerismo, por tanto antiperonismo, es inválida. Solo sería válida si kirchnerismo y peronismo fueran coextensivos. Pero no lo son. El peronismo admite variantes no kirchneristas, entre ellas el menemismo. Por eso, un programa económico de matriz menemista no prueba exterioridad respecto del peronismo y prueba, más bien, inscripción en una de sus variantes internas. La autodescripción mileísta explota esta ambigüedad. Presenta su oposición al kirchnerismo como si fuese una ruptura con el peronismo en cuanto tal pero la negación de una modalidad no equivale a la negación del género. Milei puede no ser kirchnerista y, al mismo tiempo, reactivar una forma peronista de economía de mercado, gobernabilidad y conducción.

Kirchnerismo⊂Peronismo

Milei ∉ Kirchnerismo⇏Milei∉ Peronismo

La autodescripción mileísta depende de una ambigüedad entre antikirchnerismo y antiperonismo. Presenta la negación del kirchnerismo como negación del peronismo, aunque esa inferencia no se sostiene. La economía del mileísmo remite al peronismo menemista; su gobernabilidad incorpora cuadros y nombres provenientes del peronismo; su estructura de autoridad conserva rasgos formales de la tradición peronista. La presencia de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados y de Daniel Scioli en el Ejecutivo no es un dato lateral ya que funciona como evidencia institucional contra la hipótesis de una exterioridad antiperonista fuerte.

El componente kirchnerista del mileísmo no pertenece al plano doctrinario, sino al plano pragmático. No hay identidad de fines, sino identidad parcial de operación. En ambos casos, el desacuerdo es procesado mediante una función de redescripción una intervención (p), formulada por un agente (x), no es evaluada primariamente por su contenido proposicional, sino por la clase política atribuida a (x). El enunciado opera como índice de pertenencia. La diferencia entre kirchnerismo y mileísmo es, en este punto, semántica ya que la continuidad es pragmática. El kirchnerismo podía redescribir ciertas críticas como expresión de corporaciones, poderes concentrados, medios destituyentes o posiciones antipopulares. El mileísmo puede redescribir críticas análogas como defensa de la casta, operación mediática, feudalismo provincial, privilegio sectorial o sabotaje al mandato popular. Los términos cambian. La regla de procesamiento se conserva.

La estructura puede formularse de manera general. En un modelo deliberativo, (x) afirma (p), y (p) queda disponible para evaluación pública. En un modelo clasificatorio, (x) afirma (p), (x) es subsumido bajo una clase (K), y la evaluación de (p) queda condicionada por (K). La crítica deja de funcionar primariamente como pretensión de validez y pasa a funcionar como evidencia de pertenencia. El desacuerdo se desplaza del espacio de las razones al espacio de las identidades. En el plano formal, el mileísmo reproduce una estructura peronista de poder. La afirmación no implica continuidad doctrinaria con el justicialismo ni adhesión a una política redistributiva. Designa una forma de individuación política. La unidad relevante no es el ciudadano tomado bajo reglas impersonales, sino el sujeto definido por su relación con la conducción. La estructura mínima es triádica: liderazgo, pueblo propio y enemigo interno.

El peronismo, en este sentido formal, no queda definido por una economía determinada. Puede alojar programas estatistas, privatizadores, distributivos, ajustadores, nacional-populares o promercado. Lo que persiste es una lógica de identificación donde el líder se presenta como intérprete privilegiado de una voluntad popular; los propios aparecen como el pueblo auténtico; los adversarios son redescriptos como obstáculos a la realización de esa voluntad. El mileísmo conserva esa forma bajo semántica libertaria. La incompatibilidad con el liberalismo político aparece en este punto. Un liberalismo institucional no niega la existencia de mayorías, liderazgos ni conflictos. Niega que una mayoría pueda apropiarse de la totalidad moral del pueblo, que el líder pueda monopolizar la interpretación de la legitimidad pública y que la oposición pueda ser degradada a cuerpo extraño. La forma peronista del poder tiende a colapsar esas distinciones. El mileísmo no las restituye; las reinscribe bajo otro vocabulario.

El federalismo confirma la misma estructura. En un marco liberal-institucional, el federalismo funciona como regla impersonal de distribución de competencias, recursos y límites. En el mileísmo, su aplicación queda condicionada por la relación política de las provincias con el Ejecutivo. La provincia alineada puede contar como responsable; la provincia resistente puede contar como feudal. El reclamo de recursos puede contar como exigencia federal o como privilegio según su posición en el conflicto. La regla no desaparece, pero pierde autonomía frente a la conducción.

La continuidad con el kirchnerismo no está en el instrumento económico, sino en la estructura de centralización. El kirchnerismo utilizaba la expansión selectiva de recursos como mecanismo de disciplina territorial. El mileísmo utiliza la restricción fiscal. La diferencia de signo económico es evidente. La semejanza formal también: el Ejecutivo nacional conserva la posición de centro distribuidor de premios, castigos y legitimidad. Las provincias no aparecen primariamente como unidades federales, sino como variables de conducta frente al centro. La categoría “casta” opera bajo la misma lógica. No tiene condiciones de aplicación estables. Si las tuviera, muchos aliados, funcionarios y reciclados del oficialismo quedarían incluidos bajo su extensión. Su funcionamiento es relacional. La política tradicional cuenta como casta cuando resiste al proyecto; puede contar como experiencia, gobernabilidad o pragmatismo cuando se integra a él. La pertenencia a la clase no depende solo de propiedades históricas del agente, sino de su posición actual respecto de la conducción. La obediencia modifica el estatuto.

La contradicción no es eliminada, sino administrada. El discurso conserva sus términos centrales mediante reglas flexibles de redescripción. Si un actor tradicional ingresa al oficialismo, su estatus puede ser revisado. Si una provincia limita al Ejecutivo, el federalismo puede ser reinterpretado como feudalismo. Si una institución controla, el control puede ser reinterpretado como obstrucción. Si una crítica incomoda, la crítica puede ser reinterpretada como operación. La estabilidad del vocabulario depende de la variabilidad de sus aplicaciones. La dimensión afectiva también opera dentro de esta estructura. El mileísmo no solo expresa afectos; les asigna función epistémica y moral. La bronca cuenta como lucidez, la violencia verbal cuenta como sinceridad, la crueldad cuenta como realismo. La desmesura cuenta como autenticidad. El castigo cuenta como reparación. La forma general vuelve a ser clasificatoria, un estado afectivo (a) cuenta como virtud política (v) bajo el contexto discursivo (C).

El problema no es la presencia de afectos en política, el problema aparece cuando la intensidad afectiva sustituye a la justificación. En ese caso, la fuerza pública de un enunciado no depende primariamente de su fundamento, sino de su capacidad para expresar una descarga compartida. La violencia verbal cuenta como autenticidad; el castigo, como reparación; la crueldad, como realismo; la desmesura, como prueba de exterioridad respecto del lenguaje convencional de la política. La emoción deja de acompañar al argumento y comienza a ocupar su lugar funcional. En ese punto, el lenguaje político deja de organizar razones y empieza a organizar pertenencias y no se limita a describir un conflicto; distribuye posiciones afectivas dentro de él. Identifica al culpable, al obstáculo, al traidor y al salvador. Define qué debe indignar, qué debe ser tolerado, qué debe ser castigado y qué puede ser excusado. El liderazgo no solo propone argumentos; autoriza emociones y les asigna dirección. El afecto se vuelve gramática.

Así formulada, la tesis no depende de analogías superficiales y es que el mileísmo es kirchnerista en la pragmática porque procesa el desacuerdo como síntoma de pertenencia. Es peronista en la forma porque organiza el poder mediante liderazgo, pueblo propio y enemigo interno y es menemista en el contenido económico porque su programa pertenece a la variante promercado del peronismo histórico. La semántica liberal no cancela esos niveles; los recubre.

La conclusión es funcional, no doctrinaria. El mileísmo combina liberalismo económico, contenido menemista, pragmática kirchnerista y forma peronista del poder. Su inconsistencia no reside en una contradicción aislada, sino en la coexistencia de dos registros. En el registro económico, presupone individuos autónomos. En el registro político, produce sujetos definidos por alineamiento. Predica libertad como propiedad del individuo, pero administra legitimidad como función de pertenencia. El resultado es una forma de poder que no coincide con su autodescripción liberal. Milei invoca individuos, pero produce pertenencias. Invoca libertad, pero la usa como marcador de campo. Invoca reglas impersonales, pero clasifica actores según su relación con el Ejecutivo. Invoca federalismo, pero disciplina provincias desde el centro. Invoca anticasta, pero incorpora política tradicional cuando sirve al proyecto. Invoca antiperonismo, pero gobierna con una combinación reconocible de materiales peronistas.

La crítica liberal no debe confundirse con una defensa del statu quo. Es posible sostener que el Estado argentino es ineficiente, que el gasto público fue usado de manera clientelar, que la inflación destruyó la vida cotidiana, que la economía necesita reglas más estables y que el kirchnerismo degradó instituciones. Pero de esas premisas no se sigue que cualquier gobierno promercado sea liberal en sentido político. El liberalismo no es una teoría de la motosierra. Es una teoría de límites. Si la libertad económica se combina con conducción plebiscitaria, clasificación moral del adversario y debilitamiento del desacuerdo legítimo, el resultado no es liberalismo político. Es mercado bajo forma populista. Por eso “El León Peronista” no debe leerse como un insulto. Es una hipótesis conceptual. Milei no es peronista por doctrina; lo es por forma. No es kirchnerista por fines; lo es por praxis. No es menemista por estética; lo es por programa. La combinación puede expresarse así:

Milei=Le​+M+Kp​+Pf​

El punto final es este, Milei no constituye una salida liberal del peronismo. Constituye una traducción libertaria de formas peronistas disponibles. Su economía mira a Menem; su tratamiento del adversario mira al kirchnerismo; su estructura de autoridad mira al peronismo como forma de conducción. El liberalismo aporta el vocabulario del mercado y del individuo, pero no organiza completamente la práctica política. Allí donde debería aparecer el liberalismo político, reglas impersonales, adversario legítimo, límites al poder, federalismo estable, justificación pública, reaparece la vieja matriz argentina de líder, pueblo propio y enemigo. El León Peronista designa esa anomalía, la de un gobierno que predica individuos libres en economía, pero produce sujetos alineados en política; que invoca la libertad como principio, pero la administra como pertenencia; que se declara antiperonista, pero solo puede volverse gobernable mediante materiales peronistas.