Para comprender lo ocurrido en Túnez desde 2011, debemos partir de una pregunta aparentemente sencilla: ¿Qué sucedió durante los levantamientos de diciembre de 2010 y enero de 2011? ¿Una revolución? ¿Una intifada? ¿Un simple cambio de régimen? ¿O, como algunos argumentaron posteriormente, un golpe de Estado?

Detrás de esta sutileza lingüística subyace un debate sobre la naturaleza de los acontecimientos y sus consecuencias políticas. Este artículo, el primero de una serie de cuatro análisis, retoma esta batalla de narrativas y busca comprender cómo la forma en que se denominaron los eventos de 2010-2011 contribuyó a configurar y, posteriormente, a limitar la transición tunecina.

El Orientalismo del Jazmín

Al día siguiente del 14 de enero de 2011, Túnez se vio envuelto en una disputa semántica destinada a calificar la naturaleza exacta del movimiento de protesta que se había manifestado entre el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011. La expresión que se impuso entonces en el relato mediático fue la casi poética de "revolución del jazmín".

Esta metáfora floral no era, sin embargo, nueva: había sido esbozada ya, de manera fugaz, para clasificar el "golpe de Estado médico" del 7 de noviembre de 1987, mediante el cual el primer ministro Ben Ali destituyó al presidente Bourguiba. Pero en aquel momento el término no había logrado arraigarse en el imaginario popular.

No fue sino hasta enero de 2011, tras su fulgurante propagación en las redes sociales (tanto dentro de Túnez como en el extranjero), cuando la expresión cobró una segunda vida para designar el levantamiento popular, antes de convertirse en la denominación canónica de la caída del régimen.

Sin embargo, esta etiqueta floral, al igual que la de "Primavera árabe", suscita fuertes reservas: se le reprocha travestir la dureza de la realidad bajo conceptos importados, deudores de un cierto orientalismo. El jazmín, por sus connotaciones de pureza, dulzura y armonía, remite a las transiciones aterciopeladas y relativamente pacíficas de Georgia (Revolución de las Rosas) o de Portugal (Revolución de los Claveles).

Ahora bien, esta lectura edulcorada contrasta con la tragedia vivida en suelo tunecino, donde la represión segó centenares de vidas y dejó miles de heridos. Por ello, la conciencia popular la sustituyó masivamente por la expresión "Revolución de la dignidad" (Al-Karama), más acorde con la reivindicación moral y social de la que era portador el movimiento.

Si la existencia de una "revolución tunecina" gozó primero de un amplio consenso, esta unanimidad no tardó en resquebrajarse, pues en los meses y años posteriores al 14 de enero la controversia se extendió a todos los frentes teóricos: histórico, al cuestionar la veracidad del relato de los hechos; sociológico, al evaluar si las transformaciones estructurales del Estado validaban el concepto de revolución; filosófico, para indagar si la intención original de los insurgentes no había sido desvirtuada; jurídico-político, bajo el impulso de los remanentes del antiguo régimen, que cuestionan tanto la legitimidad legal como la efectividad de esta transición.

Dos miradas sobre la "revolución tunecina"

De estas controversias han emergido dos posturas principales.

La primera niega absolutamente el hecho revolucionario, para no ver en él más que un golpe de Estado. La segunda concede la sinceridad del levantamiento, pero afirma que su finalidad naufragó en una confiscación.

Estas lecturas fueron descalificadas por la coalición en el poder durante la transición bajo la cómoda etiqueta de simples derivas "contrarrevolucionarias".

Si bien es innegable que algunos de estos análisis fueron forjados por allegados al antiguo régimen para debilitar la edificación de la Segunda República, sería engañoso atribuir el conjunto de estas cuestiones a una simple empresa de malevolencia.

Por lo tanto, es necesario examinar estas tesis por lo que plantean, sin rechazarlas por completo debido a las posiciones políticas de sus autores, manteniéndose atento, al mismo tiempo, a los sesgos políticos que pudieron haber influido en su interpretación de los hechos.

Tanto más cuanto que es precisamente al abandonar estos argumentos con desprecio, negándose a discutirlos, que estos se instalan de manera insidiosa y terminan erigiéndose, poco a poco, en verdades indiscutibles dentro de la memoria colectiva.

El relato del golpe de Estado

La teoría del golpe de palacio y el papel del aparato de seguridad

La primera tesis, que niega toda dimensión revolucionaria al 14 de enero, aborda estos acontecimientos bajo el prisma del golpe de Estado.

Si bien concede que Sidi Bouzid y sus alrededores fueron efectivamente el escenario de una protesta popular (calificada en su momento de "intifada"), a veces sincera y a veces manipulada, se niega a ver en ella un proceso revolucionario.

Para los partidarios de esta lectura, la prueba del golpe de Estado reside en la opacidad y las zonas de sombra que envuelven los entresijos de aquella jornada decisiva.

Los relatos de altos dignatarios de la época y los testimonios del entorno presidencial sugieren, en ocasiones, que la caída del régimen fue menos el producto de una marea popular que el resultado de decisiones del aparato de seguridad.

En el centro de esta secuencia política se encuentra el papel de Ali Seriati, entonces director general de la seguridad presidencial, acusado de haber convencido al presidente Ben Ali de subir al avión presidencial con destino a Jeddah, en Arabia Saudita, para poner a su familia a salvo, con la intención de regresar al día siguiente. Este viaje selló, sin embargo, el destino del presidente (quien nunca regresaría a Túnez).

Este viaje sin retorno llevó a numerosos actores, entre ellos Akram Azouri, abogado de Ben Ali, a denunciar una maquinación militar y de seguridad orquestada de principio a fin.

Según esta tesis, el aparato de seguridad habría escenificado y dramatizado deliberadamente amenazas ficticias (el cerco de las residencias presidenciales, el sobrevuelo de un helicóptero sospechoso, la aproximación de lanchas marítimas y un complot de asesinato inminente por parte de un miembro de su guardia cercana) con el único fin de generar pánico en el jefe de Estado y forzarlo al exilio.

Por su parte, Seriati se defendió recordando que existía un caos informativo que hizo que la jornada estuviera gobernada por el pánico y la paranoia.

Él mismo está convencido de que se estaba produciendo un golpe de Estado.

La primera señal de alarma sonó en el aeropuerto de Túnez-Cartago, donde el comandante de la Brigada Antiterrorista, Samir Tarhouni, tomó la iniciativa de interceptar y detener a los miembros de la familia de la esposa del presidente antes de que pudieran huir.

Esta detención, llevada a cabo por una unidad de élite, fue percibida por Seriati como la señal de que ya no podía garantizar la protección de la familia presidencial, lo que, sumado a los rumores de helicópteros o embarcaciones sospechosas alrededor del palacio, aceleró el pánico.

El engranaje se aceleró de inmediato tras el despegue del avión: la declaración de vacancia del poder por parte de Mohamed Ghannouchi en televisión, seguida de la declaración del ejército nacional, que se autoproclamó "guardián de la revolución", alimentaron la idea de un golpe de palacio.

La mano extranjera

A esto se añadiría una variable extranjera de peso, frecuentemente esgrimida por los defensores de la tesis del golpe de Estado para explicar la audacia del ejército y de las fuerzas de seguridad.

Aquí se inserta el análisis del intelectual Mezri Haddad, quien rechaza la tesis de una revolución espontánea para ver en ella un movimiento programado.

Según él, la revuelta popular habría sido capitalizada por una "alianza de intereses de alto riesgo" entre el eje "neoliberal" occidental y la corriente islamista.

Este plan pretendía allanar el camino hacia la caída de la Primera República, apoyándose en las redes sociales, en los partidos de oposición con los que Estados Unidos mantiene relaciones desde principios de la década de 2000, y en medios influyentes como Al Jazeera, con el objetivo de instalar a las fuerzas islamistas en el poder.

El juicio al levantamiento confiscado

La crítica de Aziz Krichen

Se abrió otro foco de controversia para disputar la naturaleza de la "revolución", especialmente por parte de los defensores del "levantamiento confiscado", quienes sustentan su crítica en criterios de orden sociológico e histórico.

Es el caso del análisis formulado por Aziz Krichen, sociólogo, figura de la izquierda tunecina y en 2012 asesor del presidente de la República bajo la bandera del Congreso por la República (partido de centroizquierda, populista).

En una intervención de 2013, Krichen denuncia dos realidades que empañan el relato revolucionario.

Por un lado, plantea una objeción de orden programático, al afirmar que las manifestaciones carecían de un proyecto de sociedad concreto o de un programa político definido para el futuro, y que solo convergían hacia el objetivo inmediato de derrocar al régimen.

Por otro lado, corrobora la idea de que el desenlace del 14 de enero se asemeja a un exilio impuesto al presidente por su propio entorno.

En 2014 va más lejos, al calificar explícitamente el acontecimiento de golpe de Estado, orquestado por círculos del poder para absorber la ira de la calle y ganar un tiempo precioso frente al levantamiento.

Más allá de la caída del autócrata, Krichen formula un diagnóstico severo sobre el papel de las nuevas élites de la transición.

Según él, las fuerzas políticas llamadas revolucionarias (tanto islamistas como populistas), lejos de desmantelar el clientelismo y el sistema financiero heredados de la era de Ben Ali, optaron más bien por acomodarse a ellos.

Desde esta perspectiva, la "revolución" de 2011 aparece triplemente comprometida: primero socavada de antemano por un déficit de visión, luego confiscada e instrumentalizada por la élite del régimen, para finalmente ser traicionada por quienes precisamente pretendían encarnar su esperanza.

Esta tesis del desencanto y de la responsabilidad de los aparatos partidistas goza de una considerable resonancia popular. Así lo atestigua una encuesta de Emrhod Consulting realizada en diciembre de 2020, según la cual el 71 % de los tunecinos atribuía directamente el fracaso de la revolución a los partidos políticos.

Los criterios de Peter Calvert

Esta lectura no carece, en definitiva, de pertinencia científica, y coincide con los análisis de numerosos politólogos, como Peter Calvert, quien identifica cuatro criterios fundamentales para caracterizar una revolución.

Este proceso exige, en primer lugar, que la dirección política del Estado se desacredite ante los ojos de la población o de sectores clave; que se produzca un cambio de gobierno en un momento preciso mediante el uso o la amenaza de la fuerza armada; que un mito político otorgue al nuevo poder una legitimidad a corto plazo; y, finalmente, que se aplique un programa de cambio más o menos coherente dentro de las instituciones políticas y sociales.

Si bien parte de estos criterios se cumple en la revolución tunecina, hay que reconocer que una parte no despreciable no se alcanzó, en particular el último.

Ni el levantamiento de la calle ni los gobiernos sucesivos llevaron adelante, en efecto, un proyecto de transformación estructural preciso, y menos aún coherente, condenando a la transición a desarrollarse de manera esencialmente intuitiva y contextual.

A esta ausencia de visión programática se suma una anomalía histórica: la falta de una verdadera transferencia de poder en esta transición.

En realidad, fueron los cuadros administrativos y políticos del antiguo partido único quienes condujeron la transición, esforzándose por mantener una legalidad formal, aunque estos equipos tuvieran que sumar figuras de la oposición histórica para afianzar su legitimidad.

Esta crítica también resuena parcialmente con el análisis marxista —del que Krichen parece estar imbuido—, que otorga un valor central a la existencia de un proyecto de sociedad y de una praxis consciente para que una protesta merezca plenamente el nombre de revolución.

La visión de Aziz Krichen trasciende, por tanto, la simple postura política para inscribirse en un planteamiento más científico.

Pensar el Proceso Revolucionario

La situación revolucionaria frente al desenlace revolucionario

Dos análisis estructurales provenientes de la sociología política permiten, además, desarrollar este punto de vista.

En primer lugar, el propio Charles Tilly se opone a las visiones demasiado restrictivas de la revolución, en particular a la de Calvert, que, al exigir el cumplimiento acumulativo de un programa de cambio, la instauración de un mito o una transferencia efectiva del poder, reduce la revolución a sus resultados finales, impidiéndose así analizar el proceso mientras se está desarrollando.

Resulta entonces imposible identificar una revolución antes de que el conflicto haya concluido por completo; Tilly prefiere, por ello, distinguir entre la "situación revolucionaria" y el "desenlace revolucionario".

La primera se define simplemente por la aparición de oposiciones rivales que plantean reivindicaciones incompatibles, por el fuerte apoyo popular otorgado a esos aspirantes, y por un momento de inflexión caracterizado por la movilización de clases hasta entonces marginadas (en 2010-2011 fueron precisamente los jóvenes, los desempleados y las poblaciones de las regiones interiores quienes encarnaron el motor de la "revolución").

A esta situación debe seguirle un desenlace revolucionario, es decir, la transferencia del poder, la cual se produce mediante la defección de las élites del sistema, la defección del ejército y la toma de control efectiva del aparato del Estado por parte de las fuerzas revolucionarias.

Ahora bien, es precisamente en este punto donde se concentra el reproche de Aziz Krichen hacia las fuerzas políticas de la transición. Contrariamente al esquema en el que los insurgentes están llamados a conquistar el antiguo sistema para edificar uno nuevo, estas fuerzas abdicaron de su vocación revolucionaria para sumarse al aparato existente y acomodarse a él.

Sin embargo, incluso a la luz del análisis de Charles Tilly, los acontecimientos de enero de 2011 no pueden reducirse a un simple golpe de Estado.

Para Tilly, el golpe de Estado es un conflicto que enfrenta a actores situados en la cúspide del Estado, sin división de la potestad pública. Termina con un simple cambio de dirigentes, mientras el sistema político permanece igual.

Ahora bien, desde los primeros pasos de la transición tunecina, el poder fue efectivamente arrebatado a la élite saliente para ser confiado a nuevas autoridades bajo una nueva "mini-constitución".

Si bien no puede hablarse de la "gran revolución" definida por Tilly (a falta de una ruptura brutal y total del orden social, al modo de la experiencia bolchevique o iraní), el episodio tampoco tiene nada de una "revolución silenciosa".

La revolución política frente a la revolución social

El segundo análisis sociológico de interés es el de Theda Skocpol, quien teoriza una distinción entre "revolución política" y "revolución social".

Mientras que la primera transforma las estructuras del Estado sin alterar las jerarquías de clase, la segunda se define por una mutación rápida y conjunta de las estructuras estatales y socioeconómicas, impulsada por levantamientos populares surgidos desde abajo, y se sanciona en función del éxito de dichas transformaciones.

Ahora bien, si numerosos autores observan cambios sociales en la Túnez posterior a 2011 (en particular en el surgimiento de un ciudadano activo y de una relación completamente renovada con la autoridad pública), es forzoso constatar que la mayor parte de las reivindicaciones sociales no se llevó a término.

Por el contrario, la precariedad y las disparidades regionales se agravaron a menudo durante la transición, una constatación compartida por una amplia mayoría de ciudadanos, ya que el 67 % de los tunecinos considera, según una encuesta de Sigma Conseil de diciembre de 2020, que la situación general empeoró después de la revolución.

Así, si la revolución tunecina fracasó en su función de transformación social, no deja de ser, bajo el prisma de la tipología de Skocpol, una revolución política.

La Ruptura del Pacto de Seguridad y la Trampa de la Cuestión Social

El derrumbe del pacto de seguridad de Béatrice Hibou y la sobrepuja de las nuevas élites

Para comprender las raíces de este atolladero social, conviene analizar lo que Béatrice Hibou teorizó bajo el concepto de "pacto de seguridad" entre el ciudadano y el Estado.

Bajo el mandato de Ben Ali, este "compromiso" informal se presentaba como un escudo protector frente a los peligros de una cultura política considerada peligrosa (como el islamismo, el populismo o las incertidumbres de la globalización), a cambio de la sumisión y la docilidad de los tunecinos.

Por este medio, el Estado se erigía en garante de un modelo providencial, paternalista y clientelista. El error de las fuerzas políticas de la transición fue querer reconducir este pacto en el terreno económico para afianzar su propia legitimidad.

Para garantizar una paz social precaria y asegurarse réditos electorales inmediatos, las nuevas élites capitularon constantemente ante reivindicaciones redistributivas inmediatas, prometiendo resultados materiales objetivamente inalcanzables y distribuyendo subsidios que ya no tenían medios para financiar.

Pero este sistema de renta y endeudamiento, que ya mostraba sus límites y sus primeras grietas bajo el antiguo régimen —visibles desde las huelgas de Gafsa en 2008—, alcanzó sus fronteras financieras a una velocidad fulgurante bajo la Segunda República.

Incapaz de sostener este ritmo de redistribución, el Estado transitorio asfixió sus propias finanzas públicas, agravando la crisis económica y sumiendo a las clases medias y populares en una precariedad creciente.

Cuando la miseria paraliza las revoluciones

Es precisamente en el derrumbe de este pacto de seguridad reactivado donde se hace pertinente la invocación de Hannah Arendt.

Cuando el pacto de seguridad se derrumba por falta de recursos, la "cuestión social" resurge bajo su forma más destructiva: la de la miseria pura y la urgencia vital.

Hannah Arendt demostró magistralmente que la cuestión social tiene, históricamente, la desafortunada costumbre de imponerse sobre la cuestión de las libertades públicas.

Cuando los individuos se ven agobiados por la pobreza, la lucha por los derechos constitucionales y el pluralismo político queda relegada al rango de lujo abstracto y estéril.

Para escapar de la precariedad, los ciudadanos se muestran entonces dispuestos a sacrificar las libertades recién conquistadas a cambio de un gobierno que funcione o que prometa resultados sociales inmediatos.

La trampa de las deficiencias posrevolucionarias

A partir de ahí, el fracaso del contrato social asesta un golpe fatal a la transición, al dejar sin respuesta la cuestión social, lo que termina por paralizar la propia revolución política. Esta constatación, caracterizada por la continuidad de las élites administrativas y el resurgimiento de reflejos autoritarios, nos coloca frente a una paradoja.

Evaluar el 14 de enero únicamente a partir de sus resultados inmediatos —es decir, por su incapacidad de generar una transformación estructural de la sociedad— tiende a deslegitimar su naturaleza revolucionaria. Si el orden socioeconómico heredado del antiguo régimen sobrevive a la caída del dictador, la ruptura de 2011 puede entonces seguir pareciendo, para algunos observadores, insuficiente.

Es precisamente esta distorsión entre la intensidad de la movilización popular y la relativa conservación del aparato del Estado la que reactiva la pertinencia de la tesis del golpe de Estado.

Por ello, para escapar de los análisis que consisten en juzgar el proceso únicamente por sus deficiencias posrevolucionarias, resulta indispensable someter el modelo del golpe de Estado a una confrontación con el 14 de enero.

Desmontar la tesis del golpe de Estado

La modelización del golpe frente al 14 de enero

La definición del golpe de Estado que se encuentra en los politólogos se apoya tradicionalmente en cinco criterios fundamentales: primero, los autores del golpe deben pertenecer al aparato del Estado, lo que constituye la dimensión interna; segundo, debe existir en ellos una voluntad absoluta, directa y exclusiva de apoderarse del poder; tercero, el objetivo de la acción es la autoridad ejecutiva suprema; cuarto, la ruptura se produce fuera de la legalidad o en una zona gris; y quinto, a diferencia de una revolución, el golpe de Estado no busca un cambio social y tiende, por lo general, a mantener a los ciudadanos al margen.

Ahora bien, si el primero, el tercero, el cuarto y el quinto criterio pueden ser objeto de debate a la luz de los hechos tunecinos, es forzoso constatar que el segundo criterio no se cumplió en absoluto.

Ni el ejército tunecino ni la Brigada Antiterrorista buscaron, mediante su intervención, la toma o la conservación del poder.

Las investigaciones sobre el 14 de enero demuestran que tanto la BAT como el Estado Mayor actuaron bajo el efecto de la urgencia y del caos informativo, sin ninguna intención de instalarse al mando del Estado.

Del mismo modo, los demás criterios siguen siendo ampliamente discutibles, en particular el quinto, ya que el pueblo en absoluto permaneció en una situación de apatía o de mero espectador ante los acontecimientos.

Así pues, si resulta difícil considerar con exactitud, a la luz de las definiciones estructuralistas clásicas, los acontecimientos de enero de 2011 como una revolución en sentido absoluto, sería igualmente inexacto hablar de golpe de Estado, e incluso de golpe de palacio.

Michel Dobry y la desectorización coyuntural

Frente a este problema conceptual, pueden movilizarse varios autores, encabezados por Michel Dobry.

Este critica los enfoques estructuralistas clásicos de la revolución, denunciando en particular su planteamiento historicista y determinista, que padece de una "ilusión etiológica", un sesgo metodológico que consiste en reconstruir la historia de manera retrospectiva, conectando de forma lineal y artificial causas lejanas con resultados observados.

Para Dobry, la caída del régimen de Ben Ali entre diciembre de 2010 y enero de 2011 no puede explicarse (únicamente) por una fatalidad dictada por factores estructurales (como el desempleo o la desaceleración del crecimiento); resulta también de un encadenamiento estrecho de microacontecimientos, de contingencias y de confusiones que muy bien podrían haber desembocado en desenlaces totalmente distintos.

Cada proceso revolucionario tiene elementos que le son propios, y resulta vano imaginar que cada uno responda a determinantes universales.

Dobry ofrece claves teóricas para desmontar la idea de un golpe planificado gracias al concepto de desectorización coyuntural: durante la jornada del 14 de enero, el aparato de seguridad no se volvió repentinamente irracional, ni se convirtió en el escenario de un secreto oscuro.

Sus actores se vieron más bien sumidos en una situación de total incertidumbre, donde los cálculos habituales dejan de funcionar y ceden paso a una lógica de la situación.

Fue esta urgencia la que llevó a las fuerzas de seguridad a tomar decisiones que jamás habrían adoptado en otras circunstancias, una realidad documentada por las investigaciones de Inkyfada y de Belkhodja y Cheikhrouhou.

Pero si el enfoque de Dobry permite concebir este levantamiento como una revolución que escapa a la tesis de un golpe planificado, queda una cuestión crucial: ¿cómo explicar que el antiguo sistema haya logrado, pese a todo, sobrevivir?

El espejismo de la tabla rasa

Para responder a este enigma, El Antiguo Régimen y la Revolución, de Alexis de Tocqueville, se impone como referencia obligada: en esta obra el autor demuestra que los grandes trastornos, a comenzar por la Revolución francesa, son víctimas permanentes de la ilusión de la tabla rasa.

Esta representación presenta a la revolución como una refundación absoluta, con un abismo que separa el antiguo orden del nuevo.

Sin embargo, la realidad histórica revela un proceso mucho más lento y continuo. Recordemos que, después de 1789, la monarquía sobrevivió dos años, período durante el cual Luis XVI siguió siendo jefe de Estado, recurriendo en varias ocasiones a su derecho de veto constitucional. Y sin embargo, nadie niega el carácter revolucionario del proceso desde 1789.

A esto se suma el principio fundamental de la continuidad del Estado: las administraciones y la burocracia central, forjadas bajo la monarquía absoluta para centralizar el poder, no hicieron sino acrecentar su papel bajo la República, manteniendo en sus puestos a una multitud de funcionarios que habían servido bajo ambos regímenes.

Es precisamente esta lectura tocquevilliana la que permite comprender la transición tunecina, en la que una gran parte del aparato judicial, administrativo y de seguridad permaneció intacta después del 14 de enero.

La administración pública prosigue con sus funciones ordinarias sin someterse a una depuración sistemática, garantizando así la continuidad material del Estado. Así, más allá de la imagen colectiva de una ruptura brutal e instantánea, las transiciones resultan ser, la mayoría de las veces, una correlación de fuerzas entre las nuevas fuerzas revolucionarias y la resistencia pasiva de las instituciones heredadas del antiguo régimen. Esto no constituye, por tanto, una particularidad tunecina.

El Pecado Original de la Segunda República

Otros muchos autores han defendido también el carácter revolucionario o golpista de los acontecimientos de 2010-2011 y podrían haber sido mencionados aquí, pero este artículo no pretende ser exhaustivo, ni aportar una respuesta definitiva a la cuestión.

Su ambición es más bien llamar la atención sobre el pecado original de las fuerzas políticas que dirigieron la transición tunecina: la desconexión entre el "momento de la calle" y el "momento de la ingeniería política".

De la desconexión de las élites

A lo largo de toda su existencia, la Segunda República situó, en efecto, las disputas identitarias, sociales y políticas en el vértice de sus prioridades.

Al hacerlo, los actores políticos exageraron las urgencias socioeconómicas con fines puramente electorales, multiplicando las promesas populistas sin ofrecer jamás resultados tangibles. A esto se sumaron los juegos de alianzas y compromisos parlamentarios, vividos por los electores como traiciones, que alimentaron el desencanto.

El ascenso del relato restaurador

Este agotamiento del mito revolucionario favoreció la proliferación de discursos contrarrevolucionarios, que pocas familias políticas tenían interés en desmentir, en la medida en que les permitían capitalizar el rechazo hacia el caos de la transición.

Si Nidaa Tounes abrió esta vía en cierta medida, fue sobre todo el Partido Destouriano Libre quien sacó provecho de ella a partir de 2019.

Presentándose como el sucesor legítimo de la Agrupación Constitucional Democrática y del linaje del destur histórico, el PDL se situó rápidamente a la cabeza de las intenciones de voto desde 2020.

Impulsada por su presidenta, Abir Moussi, esta corriente basó su estrategia no solo en un discurso de restauración en materia de seguridad, diplomacia, política y sociedad, sino también en una batalla jurídica sobre la ilegitimidad de la revolución.

El momento bonapartista

Esta trayectoria se vio, sin embargo, interrumpida por el sismo político del 25 de julio de 2021.

Invocando un riesgo de peligro inminente, el presidente de la República adoptó medidas importantes: congelación del Parlamento, levantamiento de la inmunidad de los diputados, destitución del jefe de gobierno y concentración temporal del poder ejecutivo.

Esta toma de control del ejecutivo fue recibida con entusiasmo por una población exhausta: una encuesta de Emrhod Consulting realizada el 27 de julio reveló que el 87 % de los tunecinos apoyaba esta iniciativa, frente a solo un 3 % de opiniones contrarias.

Esta iniciativa, aunque pueda parecer contrarrevolucionaria, no lo es realmente, en la medida en que se asemeja más a un momento bonapartista que a una restauración.

La visión del presidente Kaïs Saïed se inscribe en la estela de una revolución nacida en las regiones interiores y luego confiscada el 14 de enero, lo que explica su decisión de trasladar la fiesta nacional de la Revolución al 17 de diciembre.

Es, además, esta fecha simbólica, y no el 25 de julio, la que sus partidarios eligieron en 2025 para manifestar su apoyo.

Resulta, por tanto, prematuro calificar su postura de contrarrevolucionaria. Encarna más bien una concepción diferente del proceso revolucionario, según la cual los cuerpos intermedios, como los partidos políticos, pervirtieron las aspiraciones populares para servir a sus propios intereses.

En definitiva, este matiz semántico no es una simple disputa de palabras sobre la existencia o no de una revolución tunecina en 2011. Constituye la clave de lectura indispensable para comprender las convulsiones políticas que el país atraviesa desde 2011.

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